Diario Gestión. Enero de 2015.

Arístides Vara, autor del informe “Costos Empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú” de la Universidad San Martín de Porres (USMP), estimó que un 1.5 millones de los trabajadores, entre hombres y mujeres, empleados en el sector formal de la economía se ven afectados por la violencia contra la mujer, lo que tiene un impacto en su productividad laboral.

Agregó con el 73% de las pérdidas que genera la violencia contra la mujer en las medianas y grandes empresas peruanas se pueden financiar diez programas sociales del Gobierno.

“La huella de la violencia contra la mujer toma hasta cinco años de recuperación, según estudios clínicos. Una empresa de 20 trabajadores pierde alrededor de US$28 mil de valor agregado por los días laborales perdidos y la falta de productividad de sus empleados afectados por este flagelo”, anotó el investigador de la USMP.

Por su parte, el experto de la Universidad de Connecticut, Jorge Agüero, refirió que la violencia contra la mujer no solo tiene un efecto inmediato sobre el entorno de la víctima, lo más preocupante de este problema social es el impacto que tiene sobre la siguiente generación en el hogar, es decir sobre los hijos e hijas de la familia violentada, indicó

“Hay una alta trasmisión intergeneracional de la violencia contra la mujer que afecta el capital humano, la productividad futura de los trabajadores”, precisó Agüero, autor del estudio ‘Estimaciones causales de los costos intangibles de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe’ del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras reunirse con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, mencionó que los hijos y las hijas de un hogar violento tienen problemas de salud y educación.

“La probabilidad de que sufran diarrea aumenta en un 44%; de que se enfermen de anemia crece un 4.5%; y tienen además un 2.7% de menores posibilidades de recibir oportunamente sus vacunas”, comentó el también investigador del BID.

Por su parte, la ministra Omonte señaló que los estudios de ambos investigadores demuestran el impacto en la economía real de esta problemática, cuyo enfoque habitual ha sido por el ámbito de los derechos.

“Al verse afectada la aspiración concreta de rentabilidad que tiene las empresas, nos va a permitir convertirlas en nuestros aliados efectivos en la lucha contra esta problemática”, afirmó.